El embajador en Misión Especial para Asuntos del Mediterráneo, Juan Prat y Coll, cree que la Declaración de Barcelona, diez años después, es perfectamente vigente en su espíritu, aunque en la Cumbre de Barcelona de noviembre próximo tendrán que introducirse algunas modificaciones ya que el contexto internacional ha evolucionado mucho. Los atentados del 11-S, por ejemplo, propiciaron que los Estados Unidos recobrasen el interés en esta región, que incluye Oriente Próximo.
Lo que se proponía en la Declaración de Barcelona aprobada en 1995 durante la I Conferencia Euromediterránea de 1995 celebrada en la Ciudad Condal, según explicó Prat y Coll, era desarrollar la idea de “un partenariado euro-mediterráneo”. En lugar de definir una política europea en relación al área mediterránea, la estrategia que querían seguir era la definición de un programa de común acuerdo con los países de la zona para que así todos se sintieran responsables.
Una de las dificultades que existían en 1995 –y aún hoy- es que los estados de la ribera sur componen un grupo muy heterogéneo. “Entre los firmantes de la Declaración –señaló el embajador en Misión Especial para Asuntos del Mediterráneo- hay países del Magreb junto a Turquía o Israel”. Países con organizaciones sociales y visiones del mundo muy diferentes entre sí y –además- surcados por tensiones internas de tipo religioso, social o de lucha por el poder.
La Declaración de Barcelona se basa en una serie de puntos que Prat recordó brevemente. La primacía de los valores que rigen la construcción europea, como son la solidaridad o la democracia, es un elemento importante. Además, los países firmantes tienen que rechazar la injerencia directa o indirecta en los asuntos internos de cada estado y tienen que comprometerse a construir un espacio de libre cambio en la región. Finalmente, y por primera vez en un documento de este tipo, la sociedad civil se sitúa en el centro de todo el proceso.
A lo largo de sus diez años de historia, el Proceso de Barcelona ha mostrado algunas carencias. “La reforma económica debía conducir a una liberación política, pero esto no se ha producido”, reconoció el diplomático. Uno de los motivos es que ha faltado una reforma económica más amplia. El libre cambio sólo se ha aplicado en el ámbito industrial y tanto el sector agrícola como el de los servicios han quedado fuera. Por otra parte, no se ha producido una integración entre los países del sur del arco mediterráneo. Si el comercio con el norte puede suponer entre el 50% y el 70% del comercio exterior de cada país, el intercambio con otros países del sur no llega al 5%.
En cuanto a los objetivos conseguidos, Prat citó algunas iniciativas exitosas que ha impulsado la Unión Europea (UE) en referencia al Mediterráneo. Los acuerdos de asociación, que permiten el libre cambio económico recíproco pero asimétrico, serían una de esas iniciativas. También citó la inversión realizada por la UE a lo largo de estos años (9.700 millones de euros); o los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, que ascienden a los 2.000 millones de euros anuales.
En el terreno institucional, el embajador en Misión Especial para Asuntos del Mediterráneo, destacó la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea y la Fundación Euromediterránea para el Diálogo de Culturas, con sede en Alejandría, en la que participa Israel a pesar de tener su sede en un país árabe.
Según sostiene Prat, actualmente existe una dualidad en los países árabes. Por un lado, existe un gran debate interno sobre la necesidad de implementar reformas y una voluntad de cambio; pero por otro hay un fuerte rechazo a lo que viene impuesto desde el exterior. Según este diplomático, el concepto de partenariado se adapta perfectamente a estas circunstancias y, por eso, el Proceso de Barcelona podría verse fortalecido gracias a la coyuntura actual.
Como es habitual, a la intervención del ponente siguió un coloquio con intervenciones desde las ciudades que siguieron el encuentro a través de videoconferencia. Éstas fueron Barcelona, Palma de Mallorca, Granada, Alicante y Girona.
