Las elecciones europeas, además de afectar a la orientación general de la Unión Europea (UE) durante los cinco años siguientes, prefiguran el poder a ejercer por los eurodiputados de cada Estado miembro. El resultado cuantitativo y cualitativo de las urnas determina la posición organizativa que éstos pueden ocupar con respecto a otros partidos y países, su inserción o no en redes interinstitucionales y, en fin, su capacidad para moldear los contenidos estratégicos y legislativos, a partir de consideraciones ideológicas, pero también de intereses y prioridades nacionales. Por eso, una vez arrancada definitivamente la nueva legislatura, es el momento adecuado para analizar el potencial de influencia española en el Parlamento Europeo hasta 2029.
España no sólo cuenta con la fortaleza del tamaño –cuarta delegación entre las Veintisiete–, sino que es uno de los pocos casos donde los partidos tradicionales de orientación europeísta se impusieron con claridad en junio a las formaciones emergentes, que suelen ser escépticas o incluso hostiles al proceso de integración. Eso permite a los miembros del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) disfrutar de una buena posición de partida para influir en debates y decisiones. En la dimensión organizativa España es tercera, tan sólo por detrás de Alemania e Italia, en el número de nacionales que componen las mesas de las comisiones y subcomisiones. En cuanto a los contenidos, algunos índices sitúan a los representantes españoles como segundos en relevancia, consiguiendo un elevado poder en algunas políticas sectoriales importantes, sin perjuicio de que haya déficits de presencia en otras. También existen ejemplos de cómo los eurodiputados españoles han podido ejercer influencia a través de sus grupos políticos sobre la Comisión Europea.
La preferencia de la sociedad española por opciones europeístas moderadas parece haber favorecido el potencial de influencia de los eurodiputados españoles. Pese a sus diferencias ideológicas, una mayoría clara de los eurodiputados españoles se han integrado desde los años 90 en los grupos de la “gran coalición” (PPE, S&D y, en menor medida, liberal), votando hasta ahora de modo similar. Esto no sólo ha servido para mejorar la capacidad de influencia nacional, sino también como contrapeso a la fuerte polarización interna. Sin embargo, esa tendencia al consenso en la UE está ahora sometida a estrés e incluso podría interrumpirse a raíz de la aparición de alianzas alternativas a la coalición entre populares y socialdemócratas, y la elevación de los debates domésticos a Bruselas y Estrasburgo.
