Las empresas responsables pueden convertirse en agentes de cambio y demostrar que el éxito económico puede (y debe) ir acompañado de un impacto positivo en las sociedades en las que operan.
En junio de 2024, se aprobó la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad (CSDDD) que busca que las empresas impulsen el desarrollo sostenible y la transición hacia economías responsables. A través de esta normativa, se obliga a las empresas a identificar y priorizar riesgos ambientales y de derechos humanos, prevenir y mitigar impactos, supervisar y comunicar resultados, y reparar daños cuando sea necesario.
Esto abarca toda su cadena de valor, lo que incluye actividades upstream (producción y suministro) y downstream (distribución). Además, las empresas deben implementar planes contra el cambio climático, establecer mecanismos de denuncia y enfrentar sanciones en caso de incumplimiento.
